Por el Dr. Fernando N. Barrancos y Vedia
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| Dr. Fernando N. Barrancos y Vedia |
Extractos:
Muchos juristas y hombres públicos se han opuesto a la instalación de los juicios por jurados, sosteniendo, en general, que no se ajustan a la idiosincrasia de nuestro pueblo, ni a sus tradiciones; así como por ejemplo, Vélez Sarsfield, Manuel Obarrio, Rodolfo Rivarola, Sánchez Viamonte, Montes de Oca, Clariá Olmedo, Vélez Mariconde.
A lo largo de 10 generaciones de argentinos, la opinión mayoritaria fue contraria a la instrumentación de los juicios por jurados.
En nuestra opinión, el juicio por jurados en su aplicación en las grandes ciudades es un procedimiento costoso y pesado, siendo de recordar que en los Estados Unidos muchas veces la “selección” de quienes integrarán el jurado demora más tiempo que el juicio en sí.
Actualmente en nuestro país, cerca del 50% de la población es indigente o se encuentra debajo de la línea de pobreza y alrededor del 17% son desocupados, sin contabilizar los adherentes al plan Jefes y Jefas de Hogar. Nos preguntamos si resulta viable establecer el juicio por jurados, sin tradición alguna en el país, en tales condiciones sociales.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en una declaración del 23 de julio de 1998, consideró que la implantación del juicio por jurados sería inoportuna e inconveniente, además de aumentar los costos de la justicia, agregando que “no parece respetarse el derecho constitucional de igualdad ante la ley de todos los habitantes, cuando jueces legos pueden condenar a los responsables de delitos graves como el homicidio calificado y los que atenten contra la seguridad de la Nación, el orden constitucional y la administración pública, mientras que se requiere la decisión de jueces letrados para condenar a un deudor moroso a entregar una suma de dinero por insignificante que sea, o para desalojar una vivienda por falta de pago”.
Enlace: Versión On Line
Comunicación del académico Fernando N. Barrancos y Vedia, en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 26 de octubre de 2005.
